Tigre: Presos, seguridad, ambientalismo no desarrollista y oportunismo político
*Enzo Araujo
El gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) construirá espacios para alojar presos en distintos partidos del conurbano, entre ellos Tigre, debido a las malas condiciones del sistema penitenciario. La oposición externa e interna al oficialismo tigrense le reclama al intendente con diferentes planteos para que esto no se concrete.
En 2021 la legislatura de PBA aprobó de manera prácticamente unánime la Ley 15208 que incluye en su texto la construcción de alcaidías en distintos partidos y especifica las locaciones donde estas tendrán lugar.
¿Qué es una alcaidía? Según la Defensoría del Pueblo de PBA, «las alcaidías departamentales son instituciones penales creadas con el fin de suplantar el alojamiento de detenidos en comisarías, cediendo su custodia desde la fuerza policial al Servicio Penitenciario».
Las actuales condiciones del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) indican que la sobrepoblación carcelaria es la más alta de su historia y su registro se ubica por encima del 100% de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaidías departamentales existentes. En 2015 la cantidad de personas encarceladas era cercana a 35.000 con una tasa de prisionalización de 240 personas por cada 100.000 habitantes. A finales de 2019 la tasa ascendió a 308 cada 100.000 habitantes y la población carcelaria alcanzó la cifra de 49.000 personas. Esto elevó los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema de manera tal que no es posible que se cumplan con las condiciones mínimas necesarias para la estadía de los detenidos. Por este motivo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, le solicitó al Poder Ejecutivo que “arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas” porque la situación vigente no cumple con tratados internacionales a los que Argentina y por consiguiente sus provincias adhieren.
Cuando la corte de la provincia realizó dicho pedido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Julio Alak, desarrolló el Plan de Infraestructura Penitenciaria pertinente que implica la construcción de nuevas unidades y alcaldías penitenciarias principalmente en la zona del conurbano. Luego la cámara de diputados y de senadores aprobaron de manera casi unánime la creación y construcción de estos nuevos establecimientos. Desde ya los y las legisladoras del Frente de Todos, que incluye al Frente Renovador, votaron a favor al igual que Juntos por el Cambio.
En Tigre la oposición política interna y externa al oficialismo local y algunos vecinos reclaman que no se construya la alcaidía, donde se alojarían 300 presos, en la localidad de Dique Luján. Concretamente este nuevo establecimiento está planificado en la intersección entre la ruta 26 y la calle Roque Saénz Peña. Por un lado uno de los argumentos expresados es que esta se construirá sobre un humedal. Por otro lado, algunos vecinos que viven en barrios privados, cuyas declaraciones han sido compartidas por Infobae y La Nación, plantean que el hecho de alojar detenidos en esa zona afectaría la seguridad de la zona que es cercana a Nordelta. Una nota argumentativa contra la alcaidía escrita en Infobae citó la voz de una vecina que planteaba que este nuevo espacio tendría un «impacto socioeconómico» que afectaría al turismo de la zona. Luego dio a entender que aumentaría la inseguridad: «Investigamos cárceles de este tipo, que antes se llamaba de encausados, y el problema es que muchas de las familias de las personas que esperan condena se asientan en los alrededores y aumenta la inseguridad en la zona.»
Vamos por partes. Si bien puede decirse que toda la costa de Tigre es turística, Dique Luján y Villa La Ñata no son las ciudades en las que más se concentran los visitantes internos o foráneos para gozar del río en comparación con la zona del Puerto de Frutos y Paseo Victorica. ¿Qué tan probable es que disminuya el turismo o los paseos por esa zona? Lo sabremos cuando la alcaidía sea un hecho. Por otra parte, en la declaración de esta vecina hay ciertos rasgos de estigmatización y prejuicio hacia los familiares de los futuros detenidos. ¿De qué color se imaginarán que es la piel de los presos? ¿De qué barrios creen que provienen ellos y sus familias? De acuerdo a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, concretamente la número 59 plantea: “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en los establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar de reinserción social”. Todo ello tiene un impacto beneficioso sobre el bienestar psicológico de los privados de la libertad y de sus familiares, y contribuye a reducir las tensiones y conflictividades en los lugares de detención, en especial en aquellos en los que el hacinamiento es un factor agravante. Esto figura en el Manual Sobre Estrategias Para Reducir el Hacinamiento en las Prisiones de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Como ya se desarrolló anteriormente, el SPB, incluyendo las comisarías, se encuentra sobrepoblado. Además muchos familiares deben viajar hasta Marcos Paz o Ezeiza para visitar a sus parientes privados de la libertad lo que implica una gran logística y gasto de dinero.
Ambientalismo ¿desarrollista o no desarrollista según la conveniencia?
La misma vecina citada en Infobae contó que también se opone a la alcaidía porque ésta se construirá sobre un humedal y afectaría la vida silvestre. «Dique Luján está rodeado por un cordón de barrios privados, y si tapan este humedal quedarían como en el medio de una olla», declaró dicha ciudadana. Sin embargo, había explicado anteriormente que vive en el emprendimiento inmobiliario privado Villa Nueva desde 2018. Éste barrio también fue construido sobre un humedal pero cuando se mudó ahí lo desconocía y según ella, ahora se están haciendo «tareas de recuperación» ¿Cuáles tareas de recuperación? puede ser una buena pregunta. Quizás suene chocante plantear este debate en términos morales o de distinta vara pero ¿ésta misma vecina, o grupo de vecinos, se opone con la misma euforia cuando aparecen grúas construyendo nuevos barrios privados atentando contra los humedales de Tigre? ¿Qué pensarán del complejo Remeros Beach que ha construido playas y lagunas artificiales en las inmediaciones de la pista nacional de remo?
Es seguro que entre quienes se oponen a la alcaidía en defensa de los humedales hay vecinos y vecinas sin medias tintas ante las empresas constructoras de barrios privados. Por lo pronto desde PBA sostienen que hay un estudio de impacto ambiental aprobado por la Universidad Nacional de La Plata pero estos vecinos desconfían de ese documento. Mientras que los estudios a la hora de habilitar la realización emprendimientos inmobiliarios en este tipo de ecosistemas suelen ser de procedencia privada, en este caso la institución que intervino es una universidad nacional.
Como comentario al margen, a principios de marzo la secretaria de Cambio Climático de la nación Cecilia Nicolini al ser consultada sobre una futura ley de humedales, explicó que no se trataría de prohibir toda actividad o construcción humana en estos ecosistemas. La funcionaria exclamó que las intervenciones antrópicas deben ser sostenibles, es decir, que conviva lo humano con lo natural de manera responsable sin destruir este tipo de locaciones porque eso no sólo afectaría la flora y fauna sino también a las personas a su alrededor. (Ésto ocurrió en el programa Primer Aviso del canal de YouTube Gelatina.) https://www.youtube.com/watch?v=2SodQvsk1jY&ab_channel=GELATINA
Oportunismo político.
La alcaidía se convirtió en el principal tema de discusión política entre las y los políticos de Tigre. La oposición de Juntos por el Cambio a cargo de Segundo Cernadas aprovechó la ocasión para declarar en contra del gobierno de Axel Kicillof por la alcaidía en Dique Luján y propuso que se haga en la zona del Ceamse sobre un relleno sanitario. Esta declaración contradice el voto afirmativo de los diputados y senadores del mismo espacio de este actor cuando se sancionó la ley para la construcción de establecimientos penitenciarios en la legislatura bonaerense. Esa normativa ya especificaba en aquel entonces los lugares exactos para estos nuevos edificios.
La presidenta de AySA Malena Galmarini remarcó que está de acuerdo con la alcaidía pero no que se construya en Dique Luján. Galmarini explicó: «Desde la planta de Aysa se ven perfectamente cuáles son los terrenos en los que se quiere hacer la alcaidía. Nos oponemos porque quieren hacerlo sobre un humedal. Hoy en día todos conocemos la importancia de los humedales. No estamos en desacuerdo con la política del gobierno provincial, sí estamos en desacuerdo con la elección que hizo el intendente Julio Zamora de donde había que construirla.» Sin embargo, los legisladores del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, al que pertenece la funcionaria votaron a favor de la ley 15208 en cuyo texto ya figuraba Dique Luján como locación.
Tanto el ahijado de Patricia Bullrich como la presidenta de AySA aspiran llegar a la intendencia de Tigre al menos en la previa de las próximas elecciones. El actual presidente del concejo deliberante no planteó ninguna cuestión ambiental al respecto. Por su parte, si anteriormente planteamos interrogantes para la vecina que se mudó al barrio privado Villa Nueva que no sabía que se encuentra sobre un humedal, entonces a la funcionaria le corresponden las mismas preguntas. Galmarini apunta contra Zamora que ocupa el lugar que ella quiere desde 2019 cuando no pudo ser candidata a intendenta.
Julio Zamora destacó en la apertura de sesiones del concejo deliberante que se trata de una medida del gobierno provincial: “Esto no es algo que haya determinado el intendente municipal sino que la votaron todos los bloques políticos en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, yo no inventé nada. A instancias de la Corte Suprema, que le exige al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que realice una política para sacar a los presos que hoy están en las celdas de las comisarías hacinados, durmiendo parados inhumanamente.” Además en aquella ocasión, la concejala del Frente de Todos Florencia Mosqueda apuntó contra sus pares de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos pero identificados con el Frente Renovador de Galmarini y Massa: “No es una política pública que nace desde el municipio, sino que se votó por unanimidad en lo que es la legislatura provincial, ya que se lo insta al gobernador, Kicillof, a través de la Corte Suprema a que empiece a realizar obras para descomprimir las comisarías. Me parece incoherente la postura de algunos concejales del Frente de Todos.”
Es difícil para quienes ejercen la política hablar sobre las malas condiciones del sistema penitenciario o hacer propuestas para que las personas privadas de su libertad transiten su encierro de forma digna porque muchas veces la sociedad reclama castigos por fuera de la ley degradando por lo menos en lo discursivo la condición humana de quienes cometen delitos excluyendo cualquier tipo de reinserción social como posibilidad. En otras palabras, esto se conoce como punitivismo. Podríamos decir que la sociedad argentina en general es punitivista y desconoce absolutamente los tratados como las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos ya mencionadas en esta nota. Cabe señalar que este punto de vista es fomentado a través del discurso establecido por los grandes medios de comunicación y habitualmente apunta hacia un determinado sector socioeconómico.
En definitiva, aún para las y los dirigentes políticos que creen honestamente en que las personas privadas de la libertad deben cumplir con su condena en buenas condiciones, expresar esa postura puede implicar un costo político sobre todo si son de alto perfil. (También cabe mencionar que estamos en un momento en que la política parece no estar dando las respuestas necesarias a las demandas del pueblo pero eso es un tema más amplio que no se abordará en este texto.) Los planteos ya expresados indican que el Sistema Penitenciario Bonaerense como institución no cumple con el objetivo de la reinserción social, entre otras causas por el hacinamiento, y por eso son necesarias las alcaidías.
