Una ley para garantizar los recursos de las universidades nacionales
Se presentó en el campus de la UNGS el proyecto de ley «Garantía de recursos para las Universidades Nacionales». La actividad contó con las exposiciones del diputado nacional José Pablo Carro, del vicerrector de la UNGS Germán Pinazo y de los investigadores y docentes de la UNGS Leandro González y Carlos Martínez, con la moderación de Julia Smola, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad.
El proyecto, elaborado por la UNGS a partir de la convocatoria realizada por los diputados nacionales Carro, Itaí Hagman y Hugo Yasky, busca hacer más eficientes los beneficios otorgados por el Estado a las empresas dedicadas a la economía del conocimiento, precisando que estos se concentren en las pequeñas y medianas empresas, y propone que se garantice para el año en curso el financiamiento del sistema universitario nacional, «como usina de conocimiento y generación de recursos humanos claves para el sector productivo y de servicios de la Argentina, en un marco de responsabilidad fiscal y equilibrio presupuestario nacional».
El encuentro se inició con las palabras de la decana del IDH, quien destacó la relevancia de hacer una presentación de estas características en la Universidad y de la posibilidad de contar con legislación que defina y regule los recursos para que las universidades nacionales puedan garantizar su funcionamiento.
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«El proyecto es fundamental por dos razones», expresó Pinazo en el inicio del encuentro, «uno, porque aborda un tema crucial, como es el de los gastos de funcionamiento de las universidades, gastos que comprenden el pago de servicios (luz, gas, telefono), combustible, becas de estudio, mobiliario, elementos para laboratorios, insumos de limpieza, mantenimiento de edificios y parques, en resumen todo exceptuando salarios. La disución sobre estos recursos suele relegarse, como si fuera una especie de residuo presupuestario. No es algo de ahora, en los últimos años se han hecho reajustes parciales que no cubrían la inflación, pero en la actuallidad nos encontramos en una situación límite, ya que estamos funcionando con el mismo presupuesto que en enero de 2023, con más de un 200 por ciento de inflación en el último año. Por esta razón, el proyecto propone establecer una asignación específica para financiar el funcionamiento de las universidades nacionales.
El segundo punto relevante de esta iniciativa, continuó el Vicerrector, es que discute con el argumento del gobierno sobre la ausencia de recursos. «Plata hay, el problema es que el Estado recauda mal, recauda mucho sobre los que menos tienen y poco sobre los que tienen mucho». A pesar de la creencia popular de que en Argentina se cobra muchos impuesto, Pinazo planteó que «nuestro país cobra un 70% menos de impuestos a los altos ingresos y a las ganancias de las empresas de lo que se cobra, por ejemplo, en Chile. En ese sentido, enfatizó, este proyecto tiene como objetivo dar una discusión política que es sumamente importante.»
LA DECISIÓN ES POLÍTICA, NO ES CIERTO QUE LOS MÁS ACOMODADOS ESTÁN PAGANDO LA CRISIS
El diputado Pablo Carro desarrolló: «el proyecto busca demostrar que ese mantra neoliberal de Milei que sostiene que “no hay plata” es mentira, alcanza con ver las exenciones impositivas de las que gozan grandes empresas en toda la Argentina, que suma cerca de un 6% del PBI. Pero el actual gobierno decidió que el déficit lo paguen los jubilados, las universidades, decidió echar a miles de empleados públicos, recortar el FONID, a los docentes, a las provincias, aumentar el transporte y los servicios, justamente todo lo que no es la casta, sino la gente de a pie.
La ley de economía del conocimiento – sobre la que gira el proyecto de ley- plantea beneficios para un sector muy dinámico de la economía, que genera muchos dólares y al que es muy valioso estimular. Comprende tres subsectores, pequeñas, medianas y grandes empresas. El proyecto está orientado a revisar las exenciones a las grandes empresas, exenciones que se materializan a través de bonos impositivos, o baja de aportes jubilatorios para sus empleados o eliminación del pago de impuesto a las ganancias. Un ejemplo es Mercado Libre, que en el último año fue exeptuada de pagar impuestos por unos 100 mil millones de pesos, exactamente la suma que el sistema universitario necesita para afrontar los gastos de funcionamiento de aquí a fin de año.
El proyecto plantea que en vez de que se la siguen llevando los grandes, se continúe promoviendo a las pequeñas y medianas empresas, pero las que ya ganaron y mucho estos últimos años, por eso pongamos estos recursos en las universidades que son las que forman profesionales y generan conocimientos que después aprovechan estas mismas empresas para enriquecerse. Mucha de la investigación y el desarrollo tecnológico que utilizan estas empresas lo produce el sistema universitario y científico público.
La decisión es política, no es cierto que los más acomodados (la supuesta casta) están pagando la crisis, por el contrario, a los sectores más beneficiados de la sociedad no les tocaron un pelo, siguen siendo los más beneficiados. La crisis la están pagando los que menos tienen, es brutal el esfuerzo que hacen y eso debe cambiar. Tenemos que rediscutir qué sector debe hacer el mayor esfuerzo para sacar adelante al país, y este proyecto va en esa dirección.
Si no le aprueban sus iniciativas (DNU, Ley Ómnibus) Milei quiere que el Congreso no funcione. A la oposición «amigable» le está faltando una vuelta de rosca política para dimensionar bien qué es lo que está proponiendo Milei, está más preocupada en que el kirchnerismo no vuelva al poder que en oponerse a las políticas de ajuste. Pero en la medida que la protesta social crezca, se van generando mejores condiciones para que en el Congreso podamos discutir este proyecto, que entiendo va a tener acompañamiento.»
En su intervención, Leandro Gonzalez planteó que este proyecto se inscribe en el marco de una doble crisis: «la desatada desde el Poder Ejecutivo nacional, con un presidente que pone en emergencia todo lo público, y la crisis de la pandemia que «todavía no hemos terminado de transitar». «En pocos años pasamos de ‘no te salva el mercado, te salva el Estado’ a elegir a un presidente que sostiene que ‘el Estado es una organización criminal’ y, paradójicamente, esos dos axiomas antitéticos tienen un núcleo común de sentido subyacente: se apoyan en una falsa dicotomía entre lo público y lo privado», aseguró el investigador del IDH. Luego agregó: «No tenemos que elegir entre lo uno y lo otro, porque cualquier experiencia de desarrollo a nivel internacional nos muestra que el Estado cumple un rol estratégico en la promoción de sectores productivos e iniciativas privadas de inversión. Necesitamos al Estado y a las empresas, y desfinanciar a las universidades es también perjudicial para las empresas.»
El director de la licenciatura en Comunicación de la UJNGS sostuvo además que resulta fundamental prestarle atención a la dimensión discursiva en la que este tipo de proyectos se presentan. Los aspectos retóricos a veces son relegados a un lugar secundario, y eso es parte del problema. González expresó: «Hay que retomar una narrativa de justicia social que recoja demandas sociales fundamentales y proponga soluciones. En ese punto, academia y política tienen una misión común: interpretar y explicar los procesos sociales. La academia, estoy convencido, tiene la necesidad de repensar sus modos de intervención, para que la circulación de su discurso no quede acotada a los campos especializados. Las universidades pueden y deben intervenir en estos debates. En esa tarea se juega también algo muy importante: la posibilidad de construir una alternativa y proyectar un futuro mejor para nuestro pueblo.»
González también reconoció la labor de Carro, graduado y docente de la Lic. en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, quien durante 2022 lideró la defensa para aprobar la prórroga de las asignaciones específicas que garantizaban fondos para los organismos de comunicación y cultura, como el INCAA, INAMU, INT, ENACOM y la CONABIP, y en ese sentido celebró esta nueva iniciativa política para asegurar el financiamiento de las universidades.
Por su parte, Carlos Martínez especialista en políticas fiscales, explicó en profundidad el alcance.
1) El proyecto procura financiar parcialmente el gasto de funcionamiento de las universidades nacionales a través de una disminución del gasto tributario (las exenciones fiscales) en línea con lo que se proponía, en septiembre, en la separata del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024 que nunca fue tratado por el parlamento. El gasto tributario es particularmente complejo, porque implica una forma extrapresupuestaria (y por ende más opaca, tal como se puede apreciar en los considerandos del presente proyecto) de subsidiar, en general a las empresas.
2) En este caso, el proyecto propone cambiar la segmentación de los beneficios fiscales que se otorgan en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento, manteniendo tal como era hasta ahora el estímulo a las micro y pequeñas empresas (las que facturan hasta dos millones de dólares al año), reduciendo un poco el correspondiente a las empresas medianas (que venden por entre 2 y 7 millones de dólares anuales), minimizando el correspondiente a las grandes empresas son facturación de entre 7 y 35 millones de dólares por ejercicio, y eliminando todo subsidio indirecto a las gigantes del sector, que facturan más de 35 millones de dólares anuales.
3) Estos beneficios incluyen el reconocimiento de la mayor parte de las contribuciones patronales pagadas como un crédito fiscal ante el IVA (es decir que terminan pagando menos IVA) y una reducción del monto a abonar en concepto de impuesto a las ganancias. A su vez, las empresas del sector efectivamente beneficiarias de este esquema representan menos del 5% del total (apenas 500 sobre 11.000) y casi la mitad de esta renuncia fiscal es aprovechada por solamente cuatro empresas: Accenture (multinacional de origen norteamericano y con sede central en paraisos fiscales que se encuentra entre las mayores 500 empresas del mundo), Globant (de origen argentino, con sede central en un paraíso fiscal y una valorización en la bolsa de Nueva York que duplica la de YPF), Red Link (propiedad de los Bancos argentinos públicos Nación y Provincia y del cooperativo Credicoop) y Mercado Libre (de origen argentino, cuyo titular es una de las 500 personas más ricas del mundo), recibiendo esta última empresa un 20% del total de los beneficios fiscales de todo el esquema (que, según el proyecto de presupuesto 2024, totalizaba 137.000 millones de pesos) que son parte central de los 110 millones de dólares anuales de ganancias obtenidas por beneficios fiscales del Estado argentino en 2023, según su balance presentado a la bolsa neoyorquina.
4) A su vez, dentro del presupuesto universitario, un 90% de los recursos se destinan al pago de salarios del personal docente y no docente. Si bien el proyecto de Ley menciona la necesidad de su sostenimiento, más allá de que no asigna recursos específicos para ello, centrándose en los gastos de funcionamiento del sistema, vale aclarar que, comparando lo percibido a comienzos de diciembre de 2023 contra lo que se esta cobrando a principios de abril de 2024, la pérdida de poder de compra de los trabajadores y trabajadoras de Universidades Nacionales fue de un tercio del total en solamente cuatro meses.
5) Específicamente en lo que atañe al presupuesto de funcionamiento, entre los recursos previstos en el presupuesto 2023 prorrogado para 2024 y un reciente «refuerzo» de casi un 70% sobre dicho monto, la diferencia con los recursos mínimos para lograr un funcionamiento bàsico de las más de 50 universidades nacionales, coincide de manera casi exacta con los beneficios fiscales que dejarían de percibir estas cuatro enormes empresas precitadas.
En el siguiente link se puede leer el texto completo: Proyecto de Ley Economia del Conocimiento Grandes Empresas y Financiamiento Educativo
Fuente: ungs.edu.ar
